BBC-eando!!!

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Chile hacia el desarrollo?

Chuatas, jevi!

La huevada es re-simple: hay que ponerle el hombro a TODO Chile, y no solamente con los empresarios, políticos y profesionales, quienes dirigen el rumbo del país. No lo están haciendo suficientemente bien, ni cercanamente, con suficiente transparencia.

un aporte via Inet

otra columna de opinión de "El Mostrador"

La interpelación de los estudiantes al sistema económico y político

escrito por CARLOS HUNEEUS

Director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC).

http://www.cerc.cl/

En las últimas semanas diversos artículos de prensa explicaron las causas y el carácter de las manifestaciones de protestas convocadas por los estudiantes. Detrás de las palabras de buena crianza de simpatía con ellas, se encuentra un no menos explícito propósito de bajarle el perfil y mostrarlos como episodios importantes, pero de efectos pasajeros. Parecieran buscar tranquilizar al establishment, que hace una defensa corporativa del lucro en la educación, porque temen que esta demanda se expanda a otras industrias, como la energía, como se demostró en el masivo rechazo a HydroAysén, a los bancos, o las AFP.

Unos articulistas explican las protestas como expresiones de un cierto “malestar” existente en la sociedad, un sentimiento subjetivo vago, sin contenido político especifico y que se explicaría por el inconformismo natural de la juventud. Su trascendencia es relativa y pasará con el tiempo.

Otra mirada es a través de la comparación internacional. Las protestas serían comparables a las de España, desconociendo las enormes diferencias, pues en éstas los protestantes eran profesionales cesantes y no estudiantes. Tal vez en cinco años más, cuando los egresados de las universidades privadas chilenas no encuentren empleo, protestarán como lo hacen los españoles. Otra comparación es con las revueltas estudiantiles en Francia en 1968, también distintas pues entonces los estudiantes se dejaron llevar por un narcicismo que les llevó a “pedir lo imposible”, mientras que los chilenos tienen demandas realistas.

Ninguna de ellas explica la fuerza y la continuidad en el tiempo de las demandas estudiantiles. Ni el más combativo de los dirigentes estudiantiles jamás imaginó la tremenda aceptación que tendría en los chilenos la convocatoria a favor de una educación de mejor calidad, por la educación pública y contra el lucro. Ello ocurrió porque sintonizaba con valores que la opinión pública compartía desde hacía años, rechazando la tesis neoliberal que el mercado y el empresario privado son determinantes en la educación.

Las demandas estudiantiles tienen paralizado al gobierno y al sistema político porque cuestionan aspectos centrales de la democratización, que optó por una legitimación por el desempeño económico y por una política de consenso entre elites que tendió hacia la convergencia y no el disenso entre los adversarios. El gobierno del presidente Piñera, como lo he escrito antes en El Mostrador, es más que el primer gobierno de derecha después de medio siglo; es el primer gobierno de empresarios en la historia de Chile, con un presidente y un equipo de ministros que miraron con simpatía al lucro, porque fue la fuerza que los empujó durante décadas.

La Concertación, por su parte, no tiene influencia en los estudiantes porque sus dirigentes y parlamentarios se alejaron de los estudiantes desde hace años y su discurso económico se ha mimetizado con el de la derecha. ¿Qué sentido tiene que un senador socialista esté preocupado de la repatriación de capitales, sino que congraciarse con el mundo empresarial y sus financistas?

Los estudiantes desconfían de los congresistas, temiendo que cederán a los intereses de los inversionistas en la educación privada, como antes lo hicieron con otros temas de la educación, la economía y la política con “la política del consenso”.

Es un hecho muy notable que los chilenos hayan resistido el discurso neoliberal difundido por décadas por sus partidarios, que han contado con el apoyo del mundo empresarial y de la prensa escrita. También fue favorecido el liberalismo porque la Concertación no desarrolló un pensamiento económico alternativo. El discurso a favor del rol del Estado no se orientó hacia un sistema económico distinto, sino para construir nuevas instituciones, como el Plan Auge, que coexistió con instituciones con fuertes componentes neoliberales, como la educación y la política de vivienda. Tampoco ahora en la oposición sus centros de estudio han explicitado un pensamiento alternativo, ni se enfrentan con el neoliberalismo más allá de algunas columnas de prensa.

Los gobiernos democráticos no fueron “continuistas” con el modelo económico de la dictadura, pues hubo reformas contrarias al neoliberalismo, resistidas por la derecha. Por ejemplo, ésta se opuso en el gobierno Aylwin a que fuera pública la votación de las AFP en las juntas de accionistas de empresas en que tenían inversiones, para impedir el secreto por parte de accionistas minoritarios, que, con el apoyo de las AFP, pudieron controlar el gobierno de poderosas empresas, como Endesa, Chilectra y muchas otras.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el equipo económico evitó la diferenciación con el pensamiento neoliberal, especialmente durante los gobiernos de Lagos y Bachelet. Ello se expresó mucho más allá de una conveniente “coexistencia pacífica” de un presidente de izquierda con la derecha; por el contrario, se tradujo en iniciativas conjuntas, especialmente, con el Centro de Estudios Públicos (CEP) fundado en 1980 con la participación de los principales Chicago boys, que reforzaron elementos institucionales del neoliberalismo en la economía y se expandió al sistema político. Este acuerdo explica el rechazo al financiamiento público de los partidos, que les quita autonomía frente a los empresarios, y la aprobación del voto voluntario, que dañará la política porque bajará la participación de los pobres en las elecciones y aumentará la influencia del dinero en la política, es decir, dará más poder a la derecha.

Las demandas estudiantiles por más Estado en la educación y el fin al lucro en ésta, contando con un masivo apoyo ciudadano, han amenazado a los poderes fácticos y han estremecido el sistema político porque toca nervios muy centrales de éste. También cuestiona la política de los gobiernos democráticos y la gestión de sus principales personeros, obligándolos a redefinir sus posiciones. Chile no será el mismo después de estas movilizaciones.

Quienes en el pasado sembraron la ilusión que “el crecimiento” nos llevaba a la tierra prometida, son responsables que estemos aún lejos de ella y en medio de una crisis de proporciones. Los errores deben ser reconocidos, para ser debidamente corregidos, antes que el daño sea mayor.

.. porque si no soy chocho, no puedo ser padre de verdad

Mi linda hija Zoé está aprendiendo a sentarse erguida, mientras yo me hundo en incontables fotos digitales de cerebros de cuervos, soñando despierto de tardes pasadas afuera, entre parques y playas invernales empujando su coche y susurrándole un arrollo sin fin de castellano chileno al oído.

Ya voy. Me falta poco y al mismo tiempo mucho, pero ya voy.

"El nuevo paradigma de universidades públicas que sueña Chile"

escrito por

Juan Guillermo Tejeda - Académico de la U. de Chile

27 de Julio (columna en www.elmostrador.cl)

En las últimas semanas los chilenos hemos avanzado casi tanto como en las últimas décadas en cuanto a la discusión nacional sobre universidades públicas, todo ello dentro de un contexto de sanadora sublevación estudiantil.

¿Qué se seguirá de todo ello? Lo que parece estar claro es que el modelo de sistema universitario que se ha venido arrastrando en Chile desde que regresamos a la democracia ya no corresponde a lo que la gente siente y pide.

La cobertura del sistema es satisfactoria, a niveles europeos, pero los costos son destructivos: la calidad se ha desplomado hasta el punto de que seguir llamando universidades a muchos de los establecimientos privados que han logrado ese nombre parece una burla; las familias chilenas pagan más que ningún otro país en el mundo y quedan endeudadas por muchos años, y a menudo a cambio de una educación chatarra; las universidades serias, en cambio, tienen serias dificultades para sobrevivir. El afán universitario se centra hoy en la competencia, no en la colaboración. El mundo del saber se nos ha vuelto conservador, utilitario y mercantilista. Sólo son felices los que lucran. Es esto lo que la gente está rechazando.

Si todo marcha correctamente, de esta crisis bien pudiera emerger un nuevo modelo de sistema universitario.

Chile merece, ante todo, un sistema articulado de universidades públicas y estatales, estructurado a lo largo y ancho del país, un sistema de calidades estandarizadas, con una misión común que no sea la de sobrevivir a costa de lo que sea sino la de brindar a los chilenos un espacio serio, estable, bien administrado y dinámico para el desarrollo del conocimiento. Es lo que tienen todos los países desarrollados, y lo que siempre tuvimos.

Un sistema así sólo se sustenta con aportes basales provenientes del Estado. No menos de un 50% del gasto debe ser de aporte central, y esto no por un capricho, sino porque ello es indispensable según parámetros internacionales. El mismo dinero que las familias chilenas están gastando con mucho esfuerzo y poco resultado puede canalizarse estatalmente para garantizar un uso regulado, orientado al bien común, sin usuras, dentro de márgenes razonables de calidad.

Al mismo tiempo, el marco operativo y legal debe adecuarse a esta misión, y por tanto debe ser específicamente diseñado para las universidades públicas, no sólo para sus gobiernos respectivos, que es asunto de enorme relevancia, sino también para coordinar adecuadamente el sistema como un todo. Las universidades públicas son tan envidiadas cuando funcionan bien, que todos quieren apropiárselas: el poder político mediante una intervención exagerada del gobierno; los diferentes grupos ideológicos armando trenzas endogámicas internas que ven a cada unidad académica como un bastión a conquistar para los suyos; otros sueñan con privatizarlas y las erosionan con ese fin; los estudiantes se las toman o se las apropian cuando les parece, paralizándolas a veces indefinidamente, con los costos enormes que ello conlleva; los burócratas tienden a hundirlas en una niebla gris de formularios en nueve copias. De lo que no tiene dueño todos se sienten dueños, a veces demasiado.

Es preciso buscar en los más modernos modelos de gobierno universitario una modalidad adecuada a nuestra realidad, que permita la participación libre de todos los actores y grupos en una dialéctica razonable, y que desestimule las maniobras de apropiación. Y por cierto que es preciso garantizar que cada peso del dinero de los ciudadanos se gaste correctamente. Para ello existen herramientas específicas de control y no se ve por qué no podríamos aplicarlas exitosamente en nuestro país.

Estos recursos materiales y operativos, en un modelo renovado, debieran orientarse a lo que es la misión de las universidades públicas: colaborar más que competir, hacer investigación, crear nuevo conocimiento, formar parte de las redes mundiales en cada especialidad, publicar, dialogar, desarrollar labores de extensión, y también por cierto enseñar en pregrado y en posgrado. Las universidades son comunidades de comunidades, cada una de las cuales está formada por expertos. Por sobre todo es preciso preservar en ellas un clima de conversación, un ambiente de curiosidad, de amor por el conocimiento.

Las universidades no son, como afirman muchos políticos, ascensores para pasar de una clase social a otra, aunque tengan un rol relevante en la ecualización social y en el mejoramiento de las expectativas económicas. Son los espacios que las sociedades modernas se dan para preservar, transmitir y generar conocimiento en condiciones de libertad, equidad y pluralismo. Por ejemplo, la compleja investigación sobre el genoma humano de la Universidad de California quedó a disposición de todos en la red porque es una universidad pública, en tanto que la investigación paralela hecha en instituciones privadas es una mercancía más por la cual hay que pagar.

Un sistema universitario público que permita a alguien joven de Punta Arenas o de Iquique o de Valparaíso o de Santiago estudiar lo que su vocación le señala dentro de lo que el sistema social puede sensatamente ofrecerle como campo de desempeño, en condiciones de buen trato, equidad, pluralismo y convivencia con personas no siempre del mismo medio o de las mismas convicciones, será sin duda un potente ecualizador cultural, social y económico, una escuela de civismo.

Que las universidades públicas sean el motor de un nuevo modelo obliga a los académicos, estudiantes, personal de colaboración y gestores de las universidades estatales a ponerse las pilas. Muchas ineficiencias que se dejan pasar hoy porque el sistema ha sido injustamente atacado tendrían que remediarse. Los planteles deben contar con sistemas razonables y eficientes de gobierno orientados al cumplimiento de su misión. La gestión participativa es vital, pero no debe suponer blanduras en la toma de decisiones y en las sanciones cuando estas deban aplicarse. Las universidades estatales se obligan, en un nuevo esquema, a garantizar calidad según estándares homologados internacionalmente.

Si a un financiamiento adecuado se une una reforma operativa, y ello se hace contando con que el acceso no quedará afectado por el menor poder adquisitivo de los que pertenecen a sectores más vulnerables, y que habrá herramientas para frenar las malas prácticas de las universidades privadas, podríamos esperar razonablemente un cambio de modelo. Pero este no vendrá por sí solo: quienes creemos en las universidades públicas debemos visualizarlo, sentirlo viable, y proponerlo al país.

Hoy tenemos un modelo de mercado donde las universidades estatales pueden, como las privadas, desplegar su oferta a los consumidores de educación superior. Este engendro no es viable. Pertenece a un modelo de pensamiento neoliberal para el cual la educación es un bien de consumo. Pero la educación es otra cosa.

El país reclama hoy un sistema nacional de universidades públicas modernizadas y dinámicas, para que se desarrolle allí el saber en condiciones de equidad, complejidad y pluralismo.

Esto significará, como ocurre en cada reforma importante, fundar nuevas universidades estatales, reformular algunas, reubicar a otras. Podríamos pensar, por ejemplo, más allá de suspicacias: ¿Debería quizá fortalecer su matriz tecnológica la USACH, a la manera de muchas grandes universidades de países desarrollados, coordinándose con universidades de regiones que se orientan hoy en similar dirección? ¿Podrían la Universidad de Chile y la Universidad de Playa Ancha –otro caso– revincularse activamente con la UMCE para reformular un plan de oferta pedagógica con alcance nacional? Acomodos estos que, de hacerse, jamás debieran ocurrir al modo autoritario de la dictadura, sino por el contrario, mediante procesos participativos y consensuados.

A veces la descentralización quiere decir universidades más pobres allí donde hay menos recursos, lo que es un atentado al principio de equidad y una burla para la descentralización. A menudo las universidades estatales se han visto obligadas a ofertar precipitadamente productos de consumo educacional para poder sobrevivir, siguiendo modas, sin criterios estructurados. Ello no sería sostenible en un nuevo modelo nacional.

Las universidades no estatales, por su parte, harían bien en asumir su condición. Algunas de las que se dicen públicas, si quieren realmente serlo, quedan invitadas a donar sus terrenos e instalaciones al Estado, y si prefirieran no hacerlo deben reconocer que son privadas. Serán un complemento del sistema, no su motor. A menudo las universidades que son consideradas “las mejores” tipo Harvard son corporaciones privadas casi siempre tradicionales y escoradas hacia lo confesional y lo elitista. Sus indicadores son altos cuando se trata de tener Premios Nobel o postgrados o investigaciones, pero sin duda no serían tan altos si midiéramos sus esfuerzos por la equidad o sus contribuciones al pluralismo y al sentido cívico. Su control suele escapar al gobierno participativo de sus integrantes o a la voluntad de los ciudadanos, y se resuelve finalmente entre unas cuantas familias o individuos o grupos económicos a menudo externos. Quizás hagan grandes aportes al clasismo, a la desigualdad, al miedo, al sometimiento de los ciudadanos a normas misteriosas que brotan desde los grupos más privilegiados.

En cuanto a las que hoy se dicen universidades pero son meros negocios ideológicos o inmobiliarios o de oportunismo mercantil, deberían quedar impedidas de usar la denominación de Universidades.